La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, lanzó una advertencia que pone en tensión las finanzas públicas: los mismos fondos presupuestarios que debían financiar el reajuste salarial del sector público ahora podrían desviarse para cubrir la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío. La alerta se activó justo cuando la Comisión de Hacienda del Senado se preparaba para votar la Ley de Reajuste al Sector Público, programada para las 15:00 horas del lunes 19 de enero de 2026, revelando una colisión inesperada entre la atención de catástrofes y los compromisos laborales del Estado. En su intervención, Pérez explicó que las líneas presupuestarias destinadas a ‘emergencias’ no son exclusivas para el reajuste y que, dada la magnitud del daño en el sur del país, probablemente se requerirá utilizar gran parte de esos recursos para cubrir la situación de desastre. Desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), cuya presidenta es Paula Benavides, se insistió en que las provisiones actuales no son suficientes para financiar el reajuste, estimando que se necesitarían alrededor de US$822 millones adicionales, que deberían obtenerse mediante reasignaciones o mayor uso de las provisiones existentes.
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