La emergencia por incendios forestales en el centro-sur de Chile ha escalado a una tragedia humanitaria y territorial de grandes proporciones, con un balance oficial que revela la magnitud de la destrucción. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregó un nuevo informe tras una reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Senapred), confirmando que el número de fallecidos asciende a 20, con 19 de ellos en la Región del Biobío y uno en Ñuble, y que 536 viviendas han quedado destruidas, dejando a 7.090 personas damnificadas y 573 albergadas. Los datos detallan un desastre concentrado en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, bajo alerta roja, con 31 focos activos y más de 34.000 hectáreas afectadas. El Biobío es la zona más golpeada, con más de 27.000 hectáreas destruidas, incluyendo incendios como Trinitarias y Rancho Chico que suman más de 20.000 hectáreas. Además, cuatro centros de salud fueron evacuados, y uno, el Centro Comunitario de Salud Familiar Ríos de Chile en Lirquén, sufrió daños por el fuego. El impacto trasciende lo inmediato, afectando aspectos clave como la educación y la salud pública. El gobierno anunció una medida de alivio: extender el plazo de matrícula para la Educación Superior hasta el 6 de marzo para estudiantes afectados que completen la Ficha Básica de Emergencia. Esto subraya cómo la catástrofe interrumpe procesos vitales y exige respuestas coordinadas para la recuperación, con la atención puesta en la identificación de víctimas y la asistencia a los damnificados.
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