El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha dado un giro significativo al retirar el nombramiento de Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, una decisión que había generado intenso debate interno y críticas de la oposición por acusaciones de ‘amarre’ en cargos clave. Inicialmente, el decreto presidencial firmado el 20 de diciembre de 2025 confirmaba a Muñoz, abogada cercana al mandatario, para liderar este organismo recién aprobado por el Congreso en octubre. Sin embargo, la designación se convirtió en un símbolo de controversia, especialmente porque Muñoz se encontraba en su séptimo mes de embarazo, lo que, según críticos, podría afectar la fase inicial de funcionamiento del servicio. La oposición, encabezada por Renovación Nacional (RN), presentó un oficio a la Contraloría argumentando que el nombramiento generaba desventajas institucionales y comprometía el liderazgo efectivo durante la etapa de instalación. El diputado Frank Sauerbaum de RN señaló que esta acción ponía al gobierno a la misma altura de las ‘leyes de amarre’ denunciadas en el pasado. En respuesta a las presiones, el gobierno optó por presentar una nueva terna, seleccionando finalmente a Macarena Cortés Camus para el cargo.
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