Tras el escándalo que significó la libertad del sicario de Meigss, Luis Alberto Carlos Mejías, la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, luego de ser investigada en la causa, desechó la opción de “defenderse sola” y optó por tomar los servicios de la Defensoría Pública después de que el Ministerio Público la citara en calidad de imputada por el delito de prevaricación culposa. La cuestionada magistrada había entregado al Ministerio Público su versión de los insólitos hechos, que terminaron con la libertad -el mismo día de su formalización- a quién fue sindicado como el autor de los disparos que dieron muerte al comerciante José Felipe Reyes Ossa, supuestamente víctima de sicariato. Irene Rodríguez declaró el pasado miércoles 30 de julio ante el fiscal Marcos Pastén, en el marco de una investigación de la PDI que se centraría en una presunta “negligencia grave o ignorancia inexcusable” por parte de la jueza al resolver la liberación del homicida. Pese a gozar del derecho a mantener el silencio sobre los hechos, la jueza en todo minuto se mostró llana a cooperar, entregando su celular y equipos informáticos a la fiscalía y autorizando el alzamiento de su secreto bancario. A raíz de que el Ministerio Público busca formalizar la investigación, la magistrada dio pie atrás a su intento de “defensa personal” por lo cual buscó mayor asistencia jurídica.
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