Ya es definitivo. Finalmente, el próximo 6 de noviembre, el controvertido jefe de los asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, deberá presentarse en el Congreso y enfrentar las consultas que le hará la Comisión investigadora del Caso Convenios. Su presencia se había dilatado, por su negativa a hacerlo en dos oportunidades, escudándose en su condición de profesional independiente y no funcionario público, tesis apoyada en un comienzo sólidamente por la propia administración Boric, que había expresado en distintas instancias, que “no tenía obligación de asistir, porque no pertenecía a las filas del Gobierno”. Su “rebeldía” a acudir a la Comisión, fue finalmente sanjada por la propia Contraloría General de la República, organismo técnico que, a través de su propio timonel, terminó enfrentándose en duros términos verbales con el Ministro de Justicia, por el hecho, aclarando que la condición contraactual de Crispi, no influía en su deber de asistir al Congreso, si se lo llamaba como sujeto de interés en la investigación de uno de los hechos de corrupción más grandes en la historia del país. El presidente de la comisión, el diputado de RN José Miguel Castro, señaló que “me parece importantísimo que el Contralor General se hubiese pronunciado. Era necesario generar un precedente para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir nunca más”.
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