“Para proteger al oficialismo”, este martes la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, informó que ofició a Contraloría, su decisión de suspender su rol de vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. El hecho coincide con la polémica transversal surgida, por la adjudicación de un millonario convenio a una fundación ligada a su pareja, Daniel Andrade, por parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, representada por Carlos Contreras, exasesor de la diputada de RD. La trama generó una ola de críticas tanto de la oposición, como de las propias filas del oficialismo, quienes pidieron la renuncia a la mesa de la Cámara Baja de la legisladora. Si bien la diputada reconoció que “han sido días duros”, en el Congreso, afirmó que no puede asumir responsabilidad “por actos de terceros”, a pesar de su cercanía con los involucrados en este aparente acto de corrupción. “El daño que a mí se me ha infringido, no puedo permitir se traslade también al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político que cuidar. Necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones”, aseguró la congresista.
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