Chile vive un profundo cambio demográfico. Cada año aumenta el número de personas mayores y, con ello, también crece el desafío de construir un país donde envejecer signifique vivir con dignidad, autonomía, participación y pleno ejercicio de los derechos. Esta realidad nos invita a mirar el envejecimiento desde una perspectiva distinta: no solo como una transformación de nuestra población, sino como una oportunidad para fortalecer una sociedad más inclusiva, solidaria y comprometida con quienes tanto han aportado al desarrollo de Chile.
En este contexto, la entrada en vigencia de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable marca un antes y un después. Se trata de una normativa histórica que instala un nuevo paradigma: las personas mayores dejan de ser vistas únicamente como destinatarias de asistencia para ser reconocidas plenamente como sujetos de derechos.
Este cambio implica comprender que envejecer con dignidad va mucho más allá del acceso a prestaciones sociales. Supone garantizar la participación en la vida comunitaria, proteger la autonomía e independencia, facilitar el acceso a la justicia, prevenir toda forma de abandono, maltrato y discriminación por edad, y fortalecer los sistemas de apoyos y cuidados para quienes los requieren.
La ley también fortalece la institucionalidad, otorgando mayores atribuciones al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y promoviendo una coordinación efectiva entre distintos ministerios para implementar una Política Nacional de Envejecimiento que responda a las necesidades de una población cada vez más longeva. Porque los desafíos del envejecimiento no corresponden a una sola institución; requieren un esfuerzo articulado del Estado, los municipios, las organizaciones sociales y toda la comunidad.
En el Maule, una de las regiones con mayor proporción de personas mayores del país, esta ley adquiere una relevancia especial. Además de las cifras, nuestra realidad territorial y la ruralidad nos plantean desafíos adicionales para garantizar el acceso efectivo a los derechos. Por eso, acercar esta nueva normativa a cada comuna, fortalecer las organizaciones de personas mayores y promover su participación activa será una tarea prioritaria.
Sin embargo, ninguna ley, por importante que sea, alcanzará plenamente sus objetivos si no va acompañada de un cambio cultural. Debemos avanzar hacia una sociedad que valore la experiencia, el conocimiento y el aporte de las personas mayores; que promueva el buen trato en todos los espacios y rechace cualquier forma de exclusión basada en la edad. Cuidar y respetar a quienes hoy envejecen no es solo una responsabilidad del Estado, sino también de las familias, las comunidades y de cada uno de nosotros.
Envejecer no debe significar perder oportunidades, autonomía ni participación. Al contrario, debe ser una etapa de la vida que pueda vivirse con seguridad, respeto y plenitud.
La Ley Integral de las Personas Mayores nos entrega una hoja de ruta para avanzar en esa dirección. Ahora el desafío es transformarla en una realidad concreta para cada persona mayor de nuestro país. Porque construir un Chile que respeta, protege y valora a las personas mayores es, en definitiva, construir el país en el que todos queremos envejecer.
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