Este viernes 12 de junio entra en vigor el Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea, una reforma gestada durante una década que busca endurecer los controles fronterizos y acelerar las deportaciones. La Comisión Europea ha reconocido que ningún Estado miembro está completamente preparado para su implementación, lo que genera tensiones entre los Veintisiete y dudas sobre su efectividad. El pacto introduce un proceso de control exhaustivo para inmigrantes sin permiso de entrada, que incluye la recogida de datos biométricos (huellas, fotografía facial y digitalización de documentos) desde los 6 años, cuando antes el límite eran los 14. Estos datos se almacenarán en la base Eurodac, aún no operativa en todos los países. Además, se establecen tres procedimientos de asilo: uno acelerado de hasta tres meses para solicitantes de países considerados «seguros» o con amenaza a la seguridad; otro estándar de seis meses; y un proceso en frontera de hasta 12 semanas. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, calificó el pacto como «un sistema europeo integral», pero advirtió que «es solo el principio». Para su despliegue, la CE propuso destinar 6.340 millones de euros en siete años.
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