El anuncio del diputado Jaime Araya (IND-PPD) de un «tsunami» de 2.500 indicaciones de la oposición al proyecto de reconstrucción generó un fuerte revuelo político. El Gobierno y el oficialismo acusaron un «boicot» legislativo, mientras que algunos parlamentarios opositores se distanciaron de la cifra, asegurando que las indicaciones serán más acotadas. La controversia abrió una nueva fisura entre ambos sectores, en un contexto de alta tensión por la urgencia de la iniciativa. Analistas consultados por Emol coinciden en que la estrategia apunta a demorar la tramitación. Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que la oposición «más dura» busca «entorpecer o frenar» el proyecto con indicaciones valoradas solo por su cantidad, en contraste con el PDG y algunos independientes que buscan mejoras concretas. Eric Latorre, de la Universidad Autónoma, calificó la estrategia como «poco generosa» y orientada a retrasar el debate para desgastar al Gobierno. Germán Silva, analista de la Universidad Andrés Bello, advirtió que presentar muchas indicaciones es una táctica para «alejar el proyecto de su idea original», y que la oposición busca que la aprobación de la idea de legislar no sea un triunfo para el Ejecutivo.
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