El gobierno chileno anunció el envío de un proyecto de ley corta para postergar en seis meses la implementación de parte de la nueva Ley de Seguridad Privada, promulgada en marzo de 2024. La medida busca evitar una paralización de las empresas de seguridad que podría afectar a unas 30 mil personas que se desempeñan como guardias, vigilantes, rondines, inspectores y conserjes, cuyas acreditaciones y certificaciones no han podido ser tramitadas a tiempo por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). La subsecretaria Ana Victoria Quintana explicó que el plazo original vencía a fines de mayo, pero la unidad encargada de las plataformas de certificación «no estaba funcionando hace rato». La postergación permitirá «una transición ordenada, gradual y técnicamente viable», según la autoridad, que advirtió que sin esta extensión se habría enfrentado «una situación muy grave». Además, la SPD retiró el reglamento de la ley para «perfeccionar su contenido» e incorporar observaciones de actores clave. Para avanzar en la implementación, se conformó una «Fuerza de Tarea de Modificaciones Normativas» de colaboración público-privada, que reúne al Ejecutivo con gremios como la Asociación de Bancos (ABIF), la Asociación de Empresas de Seguridad Privada (ASEVA), la Cámara de Centros Comerciales y Carabineros, entre otros.
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