El Comité de Auditoría Parlamentaria inició una revisión sin precedentes: por primera vez fiscalizará los gastos en personal de apoyo de los 155 diputados y 50 senadores, sin muestreo. La medida, comunicada mediante un oficio reservado, abarca los servicios prestados entre marzo y mayo de este año y responde al Plan Anual de Auditoría 2026-2027. La abogada coordinadora del Comité, Priscila Jara, informó que el proceso será liderado por el integrante Carlos Tapia Sagredo. Cada parlamentario tiene un plazo de cinco días hábiles para designar un contacto; de lo contrario, las solicitudes de información se enviarán directamente a los legisladores. Hasta ahora, estas auditorías se realizaban por muestreo aleatorio, lo que convierte a esta en una fiscalización total. El foco está en una de las asignaciones más relevantes del Congreso: el personal de apoyo. Aunque desde el Congreso aseguran que la auditoría es parte del plan regular y no apunta a un caso específico, el contexto incluye la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso contra la senadora Camila Flores (RN) por presunto fraude al Fisco reiterado, causa que permanece bajo reserva. Flores afirmó que colaborará con la justicia y que no tiene nada que ocultar. El Comité deberá emitir un informe una vez finalizada la revisión. La medida podría sentar un precedente en la transparencia del uso de recursos públicos en el Parlamento, especialmente ante los cuestionamientos que han rodeado estas asignaciones.
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