La Ley de 40 Horas, que ya está en marcha con un calendario gradual, ha desatado una pregunta crucial en el mercado laboral chileno: ¿qué empleados verán realmente reducida su jornada y cuáles seguirán con los mismos horarios? La normativa, que busca mejorar la calidad de vida y conciliar trabajo con vida personal, no es universal, dejando a ciertos grupos fuera de sus beneficios y generando un debate sobre equidad en el empleo. La ley establece un proceso de cinco años, con reducciones progresivas: desde abril de 2024, la jornada máxima es de 44 horas semanales; en abril de 2026, baja a 42 horas; y en abril de 2028, se implementan las 40 horas. Se benefician principalmente trabajadores regidos por el Código del Trabajo, incluyendo a quienes tienen jornada parcial (límite de 30 horas semanales), padres y cuidadores (con flexibilidad horaria), y trabajadoras de casa particular (con ajustes según modalidad). Además, permite esquemas como el sistema 4×3 y prohíbe reducir sueldos por la menor jornada. Sin embargo, quedan excluidos funcionarios del sector público (a honorarios, contrata o planta bajo estatutos administrativos) y cargos de alta confianza regulados por el artículo 22, como gerentes. Esto significa que no todos los trabajadores en Chile verán cambios, impactando la percepción de justicia laboral y la adaptación empresarial.
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