El Gobierno de José Antonio Kast decidió retirar del Congreso el proyecto de Ley de Pesca que buscaba reemplazar la controvertida Ley Longueira, una iniciativa que había sido impulsada por la administración anterior de Gabriel Boric. La medida, confirmada por la Segpres, se ejecutó mediante un oficio el mismo jueves 26 de marzo de 2026, aprovechando que el proyecto nunca llegó a votación en la Sala pese a su tramitación con suma urgencia desde 2024. La decisión desató críticas inmediatas de parlamentarios de oposición, quienes acusan al Gobierno de avalar la corrupción asociada a la Ley Longueira. El senador Daniel Núñez (PC) afirmó que esto muestra que el Gobierno «está al servicio de los grupos económicos», mientras el diputado Jorge Brito (FA) calificó la ley vigente como «la mayor vergüenza de la política chilena» por haber terminado con legisladores en prisión. En contraste, el diputado Sergio Bobadilla defendió el retiro argumentando que el proyecto generaba cesantía, pobreza e incertidumbre jurídica. El impacto es directo sobre la pesca artesanal, que según los críticos queda desprotegida frente al aumento de combustibles y sin el marco legal que se discutía. La mantención de la Ley Longueira significa perpetuar un sistema cuestionado por casos de corrupción, mientras se aborta un proceso participativo que incluyó más de 200 audiencias en ocho regiones.
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