El expresidente venezolano Nicolás Maduro regresó a un tribunal federal de Nueva York en un intento por desestimar la acusación de narcotráfico en su contra, pero la audiencia derivó en un choque entre el poder judicial y el ejecutivo estadounidense. El juez Alvin Hellerstein cuestionó abiertamente la postura del gobierno de EE.UU., que busca impedir que Maduro y su esposa, Cilia Flores, utilicen fondos públicos venezolanos para financiar su defensa legal, alegando motivos de seguridad nacional. Durante la vista, el abogado defensor Barry Pollack argumentó que sus clientes no pueden costear su propia defensa y tienen derecho a usar recursos del Estado venezolano. El fiscal Kyle Wirshba defendió las sanciones que bloquean esos pagos, pero Hellerstein se mostró escéptico, señalando que EE.UU. ya había flexibilizado sanciones tras la salida de Maduro del poder. «El acusado está aquí, Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional», declaró el juez, enfatizando que el derecho a una defensa constitucional es primordial. El caso trasciende lo legal para convertirse en un pulso geopolítico que pone a prueba la independencia judicial frente a la política exterior de Washington.
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