El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, declaró un «día negro para la democracia» tras la aprobación en el Senado de un proyecto que permite la conmutación de penas para reclusos con enfermedades, discapacidad o mayores de 70 años. La iniciativa, que pasó por apenas un voto (23 a favor y 22 en contra), enfrenta una férrea oposición del Ejecutivo, que la califica como un retroceso histórico en derechos humanos y seguridad pública. El proyecto, originado por senadores como Francisco Chahuán, Luz Ebensperger y Luciano Cruz-Coke, establece un régimen de prisión domiciliaria para internos en condiciones específicas. Sin embargo, Gajardo advirtió que la norma podría beneficiar a más de 12 mil criminales peligrosos, incluyendo condenados por delitos de lesa humanidad, homicidio, femicidio y abusos sexuales contra menores, permitiéndoles conmutar sus penas y salir de cárceles convencionales. La tensión política se agudiza porque el gobierno sostiene que el proyecto contradice tratados internacionales y políticas estatales de décadas, revictimizando a familias afectadas por crímenes de la dictadura militar. El ministro argumentó que los requisitos son demasiado laxos y abren la puerta a la impunidad, poniendo en «grave peligro» la seguridad social. El Senado tiene plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones, mientras el Ejecutivo mantiene su rechazo categórico.
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