El gobierno del Presidente Gabriel Boric enfrentó una presión inesperada en su intento por reformar el sistema político. Diputados de partidos que no alcanzaron el umbral de votación y que ahora enfrentan la disolución, irrumpieron en una comisión legislativa para rechazar la propuesta inicial, argumentando que era discriminatoria y beneficiaba solo a ciertos grupos. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos (ind.), presentó una indicación que permitiría, excepcionalmente, que partidos en riesgo de disolución que obtuvieron al menos un diputado y un senador en las elecciones de 2025, se fusionen con partidos que alcanzaron el 5% de los votos a nivel nacional. Diputados como Jaime Mulet (FRVS), Raúl Soto (PPD) y Héctor Barría (DC) criticaron que esta regla favorecía principalmente al Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, dejando fuera a otras colectividades. Tras un receso y conversaciones privadas, el gobierno cedió y agregó una alternativa: la fusión también sería posible si un partido eligió, como mínimo, cuatro parlamentarios. Este cambio busca evitar la desaparición de varias fuerzas políticas, lo que podría alterar el mapa de alianzas y afectar la gobernabilidad en el Congreso.
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