El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha ingresado un veto sustitutivo a la recién aprobada Ley Integral de Personas Mayores, enfocándose específicamente en dos artículos relacionados con el trabajo de adultos mayores. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, comunicó la medida a las organizaciones sociales que participaron en la tramitación del proyecto, señalando que los artículos 15 y 29 presentan riesgos laborales que podrían precarizar a quienes buscan proteger. La decisión ha generado un choque inmediato con la sociedad civil. Organizaciones como la Mesa de Personas Mayores de la Comunidad de Organizaciones Solidarias expresaron su «rechazo y desilusión», mientras que Eduardo Toro, director de la fundación Conecta Mayores UC, calificó la acción como «muy desafortunada» y criticó su presentación como «un recurso de última hora, ad portas del término del mandato». El veto retrasa la promulgación de la ley, que se esperaba para este mes. El impacto es doble: por un lado, se pospone una ley que establece 15 derechos fundamentales para el envejecimiento digno, activo y saludable; por otro, se abre un debate sobre cómo regular el trabajo de personas mayores sin exponerlas a riesgos.
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