El presidente Gustavo Petro ha encendido una polémica institucional al denunciar un supuesto fraude electoral a solo dos semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo. En declaraciones públicas, el mandatario cuestionó el sistema de preconteo de votos operado por la empresa privada ASD, filial de Thomas Greg & Sons, afirmando que «es el mismo que existía en el fraude del 2014» y que existen «pruebas de fraude» en los comicios de 2022. Petro aseguró que en esas elecciones se modificaron resultados en al menos 4.200 mesas electorales mediante «iteraciones en los algoritmos», lo que habría restado unos 400.000 votos a su coalición, el Pacto Histórico. La respuesta institucional no se hizo esperar. El procurador general Gregorio Eljach afirmó que las elecciones deben ser «nítidas» y que «con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea», en una clara referencia a Petro. Por su parte, la defensora del Pueblo Iris Marín llamó a tramitar cualquier reclamo por las vías institucionales. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral han defendido la solidez del sistema electoral, destacando que los programas informáticos cuentan con auditorías técnicas, incluyendo revisiones internacionales.
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