A menos de cuatro meses de asumir la presidencia, José Jerí enfrenta una nueva tormenta política que amenaza con desgastar su mandato y paralizar su agenda. La investigación, que ya involucra a la Fiscalía y la Contraloría, podría escalar hasta el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, si se detectan irregularidades graves. Este caso se suma al llamado Chifagate, creando una crisis de credibilidad que pone en jaque la estabilidad del gobierno. Según reportajes de Cuarto Poder y El País, al menos cinco mujeres habrían obtenido contratos estatales poco después de reunirse con Jerí en su despacho de Palacio de Gobierno, en horarios nocturnos y días feriados. Las visitas, oficialmente registradas, involucraron a mujeres de entre 30 y 40 años que días o semanas después accedieron a órdenes de servicio o designaciones en entidades públicas con remuneraciones de hasta 3.000 dólares mensuales. Un caso específico menciona a una ingeniera ambiental que visitó Palacio el 1 de noviembre y fue contratada por el Ministerio del Ambiente veinte días después. El impacto inmediato ha sido la renuncia de dos de las mujeres involucradas, mientras la Contraloría solicitó antecedentes al despacho presidencial y dos ministerios sobre los contratos.
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