La Tesorería General de la República ha intensificado su defensa frente a la avalancha de recursos de protección presentados por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Hasta el 10 de mayo, se habían interpuesto 1.783 acciones judiciales en contra de los procesos de cobro iniciados tras la asunción del Presidente José Antonio Kast, con el respaldo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. La institución preparó un informe para rebatir estos recursos, mientras que más de 200 ya fueron declarados inadmisibles por la Corte Suprema. Del total de recursos, solo 175 (9,8%) han sido admitidos a tramitación por distintas cortes de apelaciones del país. Las regiones con mayor cantidad de causas admisibles son Talca (79), Valparaíso (64) y La Serena (24). El resto de los recursos fue declarado inadmisible o aún espera resolución. La Tesorería, por su parte, reporta que ha recuperado más de $37 mil millones desde que inició la cobranza. El recurso de protección es una herramienta constitucional expedita para impugnar actos que se consideren ilegales o arbitrarios. La alta cantidad de acciones judiciales refleja la resistencia de los deudores frente a una política de cobro que el gobierno ha priorizado. El informe de la Tesorería busca demostrar que los cobros se ajustan a derecho, en un escenario donde la batalla legal se concentra en las cortes de apelaciones y la Suprema.
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