El debate sobre la megarreforma tributaria del gobierno de José Antonio Kast sumó un nuevo capítulo este lunes en la Comisión de Hacienda, donde el Servicio de Impuestos Internos (SII) detalló las facultades que busca obtener para fiscalizar el “fraude social”. El subdirector de Normativa, Simón Ramírez, explicó que el proyecto permitiría al organismo requerir y cruzar información nominada de todos los órganos del Estado, incluyendo datos de beneficiarios de programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ramírez señaló que se agregaría un nuevo artículo 85 quáter, que obligaría a dicha cartera y a las entidades que administran el Instrumento de Caracterización Socioeconómica a proporcionar información de personas naturales para fiscalización y correcta aplicación de tributos. Además, esa información deberá ser compartida con la Dirección de Presupuestos, siempre bajo las normas de secreto y reserva vigentes. La medida busca terminar con prácticas como la falsificación de antecedentes de ingresos. En paralelo, el proyecto de Ley de Reconstrucción incluye una rebaja transitoria del impuesto a las donaciones: durante 12 meses, las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto actual, con una tasa máxima de 25% para montos superiores a 1.200 UTA (unos $1.000 millones).
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