El senador Miguel Ángel Calisto enfrenta nuevas restricciones judiciales luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique decretara arraigo nacional en su contra, en el marco de una reformalización por fraude al fisco reiterado. La medida fue solicitada por la Fiscalía de Aysén, que actualizó el monto defraudado a $105.554.697, superando los $103 millones calculados inicialmente. El fiscal regional Hernán Libedinsky y el fiscal jefe Luis Contreras Alfaro presentaron los nuevos antecedentes, que derivaron en la prohibición de comunicación de Calisto con los otros imputados: Carla Graf Toledo y Roland Cárcamo Catalán. Además, el tribunal amplió el plazo de investigación en 60 días, a la espera de diligencias pendientes de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Los hechos se remontan al período en que Calisto era diputado (2018-2022). Según la Fiscalía, el parlamentario se habría aliado con Cárcamo y Graf —ambos funcionarios públicos— para obtener recursos fiscales mediante contratos de asesoría que no se habrían ejecutado. Los fondos habrían beneficiado a Calisto y Cárcamo, y también fueron desviados a terceros vinculados a un partido político, como el imputado Felipe Klein Vidal. La causa se agrupó con otras dos investigaciones por fraude al fisco con modus operandi similar, sumando cuatro proyectos investigados por montos superiores a $32 millones, provenientes del 8% FNDR del Gobierno Regional de Aysén.
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