Cerca de 700 adopciones irregulares realizadas durante la dictadura de Pinochet, están siendo investigadas por el Poder Judicial. Ellas son el punto de partida para que el gobierno pretenda lanzar el plan piloto de un año de duración, que busca que las víctimas, tanto nacionales como extranjeros, se logren reunir con sus padres o la familia que les queda. Se utilizará muestras de ADN de las personas involucradas y el Servicio Médico Legal desarrollará un “banco de huellas genéticas”.
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