La crisis en el Servicio Médico Legal (SML) estalló con la salida forzada de su directora, Marisol Prado, tras un reportaje que reveló el almacenamiento irregular de cadáveres y una posible omisión de datos sobre cerca de 50 cuerpos en informes oficiales. El Ministerio de Justicia, liderado por el ministro Fernando Rabat, solicitó su renuncia por «pérdida de legítima confianza» y también pidió la salida del subdirector médico, doctor Julio Sarmiento Machado, y del director regional metropolitano, Cristián Allendes Pérez. La cartera inició una auditoría para investigar estas irregularidades, que coinciden con antecedentes que venían recopilando desde la llegada de las nuevas autoridades. Las deficiencias no se limitan a la gestión de cadáveres. La Contraloría General de la República detectó graves fallas en sistemas clave: el sistema de alcoholemias (SIGAL) funcionaba sin supervisión informática desde 2023, y el registro de evidencias tanatológicas se hacía en libros de papel sin identificación de médicos responsables. Además, se encontraron 24 usuarios activos en bases de datos que no pertenecían al personal del SML, comprometiendo la seguridad de la información.
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