Mientras el gobierno de José Antonio Kast avanza con su primera Cadena Nacional, un frente crítico se abre en Hacienda: las pymes denuncian quedar ‘invisibilizadas’ en la discusión de la reforma tributaria. La Coordinadora Nacional de Organizaciones MiPymes, representada por su vicepresidente Hector Sandoval, exige mantener la tasa pyme en 12,5% y evitar su aumento programado desde 2028, una medida respaldada por la bancada pyme en el Congreso. Esta presión surge en paralelo a la propuesta del ministro Jorge Quiroz de rebajar el impuesto de primera categoría para grandes empresas del 27% al 23%, que excluye al 90% de las empresas chilenas que son pymes. El debate técnico se centra en si esa rebaja generará más crecimiento y empleo, como argumenta Quiroz, o si, según economistas como Jorge Hermann, el menor crecimiento no compensará la caída en recaudación, reduciendo ingresos estructurales a largo plazo. La ley miscelánea, originalmente enfocada en reconstruir regiones tras incendios, ahora incluye medidas tributarias que complican su tramitación parlamentaria, con críticas a aspectos como la reintegración tributaria señalados por el académico Jorge Berríos. El conflicto pone en riesgo la estabilidad fiscal y la equidad empresarial, ya que las pymes, claves para el empleo y la economía local, podrían enfrentar cargas desproporcionadas si no se atienden sus demandas. La invisibilización de este sector en el debate no solo tensiona la gobernabilidad, sino que amenaza con ralentizar la recuperación económica post-desastres, dependiente de un consenso amplio.
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