El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrentó una pregunta directa en el Senado que tensiona el debate sobre la impunidad y los derechos humanos. La senadora Fabiola Campillai (IND), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, interrogó al secretario de Estado sobre cuántas solicitudes de indulto para agentes del Estado condenados por crímenes durante la dictadura y el estallido social estaban en trámite, cuestionando si su uso constituye impunidad y va contra las obligaciones internacionales de Chile. Rabat respondió que actualmente existen aproximadamente 28 solicitudes de indultos pendientes. De ellas, detalló que unas 20 datan de antes del 11 de marzo de 2026, y las restantes 8 corresponden a casos posteriores, aclarando que «no todas» están vinculadas con lo que se denomina el estallido social. El ministro enfatizó que, bajo la ley vigente, el Presidente de la República tiene la facultad de pronunciarse sobre estos indultos particulares, los cuales se evalúan caso a caso según los antecedentes de cada expediente. La revelación cobra relevancia en un contexto político sensible, donde los indultos a agentes del Estado pueden interpretarse como un retroceso en la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos.
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