La Corte Suprema acogió los dos recursos de protección interpuestos por dos comunidades indígenas, dejando sin efecto la licitación del litio, que el Gobierno del Presidente Piñera se encargó de hacer efectivo en enero de este año, adjudicándola a la empresa china BYD Chile SpA y Servicios y a la Chilena Operaciones Mineras del Norte S.A. Las comunidades atacameñas de Coyo y Camar, señalaron que no se estableció la consulta de carácter obligatoria a los pueblos indígenas, conforme al convenio 169.
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