El Gobierno chileno intensifica la presión sobre las grandes empresas generadoras de carga para que asuman el impacto del alza en los combustibles, en un intento por evitar que la crisis de los transportistas deteriore la cadena logística nacional. Tras reuniones con más de 20 gremios, donde los camioneros exigieron que el costo extra del diésel se traslade a las tarifas, las autoridades buscan que los principales mandantes del sector absorban parte de la carga. El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, lideró una agenda de encuentros con cinco de las mayores empresas de retail y forestal del país, instándolas a actualizar los precios de los fletes de común acuerdo con los transportistas. Esta acción se produce después de que ENAP informara un nuevo incremento de $36 en el diésel, sumándose a una serie de medidas gubernamentales que incluyen un crédito especial de BancoEstado con tasa de 0,85% mensual y el adelantamiento del Índice de Costos del Transporte. La urgencia del Gobierno refleja el riesgo de un colapso en el transporte de mercancías, vital para la economía. Si las empresas generadoras de carga no incorporan las alzas en sus contratos, los camioneros podrían enfrentar quiebras masivas, afectando la distribución de bienes en sectores clave como el retail y la industria forestal.
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