A menos de seis meses de asumir, la primera directora de la Defensoría de las Víctimas, Macarena Cortés, fue desvinculada por el Ministerio de Justicia. La decisión, comunicada el miércoles por el subsecretario Luis Silva en presencia del ministro Fernando Rabat, no responde a un reproche profesional, sino a la necesidad de un perfil más ejecutivo para gestionar un presupuesto limitado y un plan de implementación que ya presenta atrasos. Cortés, designada por el gobierno anterior mediante un proceso de Alta Dirección Pública, tenía a su cargo la puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Según fuentes conocedoras de la reunión, la evaluación transversal es que es una buena abogada, pero el diseño actual del plan es muy acotado y los recursos disponibles son insuficientes para cumplir los plazos. El cambio de timón apunta a resolver dos problemas concretos: acelerar la implementación del servicio y optimizar el uso de un presupuesto restringido. La salida de Cortés deja en evidencia las dificultades del Ejecutivo para materializar una reforma clave en el acceso a la justicia, en un contexto fiscal que exige eficiencia en el gasto público.
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