La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió por unanimidad el recurso de amparo de la Defensoría Penal Pública contra el Ministerio de Seguridad, declarando inadmisible la ampliación de la querella del gobierno por la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en el caso de la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. El fallo, firmado por los ministros Juan Ignacio Correa, María Soledad Piñeiro y Soledad Orellana, concluye que la ministra Trinidad Steinert carece de legitimación activa para invocar esa normativa, facultad que la ley mantiene exclusivamente en el Ministerio del Interior y las delegaciones presidenciales. La sentencia confirma las objeciones del senador Iván Flores (DC), quien integró la comisión mixta que creó el nuevo Ministerio de Seguridad y advirtió que la LSE quedó reservada a Interior. El senador Arturo Squella (Republicano), que había respaldado a Steinert, quedó sin argumentos tras el fallo. El error procesal partió del propio gabinete de la ministra: la abogada Isidora Villalobos, asesora jurídica de Steinert, firmó la ampliación y alegó ante la corte, en lugar de hacerlo la División Jurídica del ministerio. El golpe judicial implica que el gobierno no podrá perseguir a los imputados bajo la LSE, que eleva las penas y permite solicitar prisión preventiva.
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