La Contraloría General de la República, a través de un dictamen de su titular Dorothy Pérez, ha cerrado un debate jurídico clave para el gobierno: la Tesorería General de la República sí está facultada para perseguir administrativamente las deudas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE). El pronunciamiento, emitido el 7 de abril, responde a una solicitud del exdiputado Miguel Mellado y establece que la Tesorería es el órgano obligado por ley para ejercer las acciones de cobranza, pudiendo utilizar los procedimientos del Código Tributario y celebrar convenios con entidades financieras. Este dictamen representa un respaldo formal a la ofensiva gubernamental para recuperar estos créditos, que ya había comenzado con notificaciones de cobro y embargos para forzar convenios de pago, priorizando inicialmente a deudores con rentas superiores a cinco millones de pesos. Además, la contralora Pérez fue más allá al señalar que la solicitud de fiscalizar estas acciones será considerada como un insumo en la planificación de futuras auditorías, dependiendo de los recursos disponibles. La resolución llega en un momento crítico, justo cuando el tema comenzaba a judicializarse a través de recursos de protección en cortes de apelaciones, algunas de las cuales los habían declarado inadmisibles. Al avalar la vía administrativa, la Contraloría no solo refuerza la estrategia del Ejecutivo, sino que también podría agilizar y abaratar los procesos de recuperación de esta deuda estudiantil, impactando directamente en las finanzas públicas y en miles de morosos.
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