Una práctica que calificó como «ilegal» e «irregular» llevó al concejal de Buin, Diego Calderón, a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Según el edil, seis directivos de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna, incluida su secretaria general, habrían sido despedidos y recontratados al día siguiente, percibiendo en conjunto cerca de $144 millones en indemnizaciones sin una real interrupción de funciones. Calderón acusó que, pese a solicitar información durante cuatro meses, tanto el alcalde Miguel Araya como la corporación le negaron los antecedentes hasta el 9 de abril, cuando accedió a los finiquitos que evidencian el patrón. Los montos cuestionados ascienden a $143.875.696 solo por concepto de finiquitos. En el caso de la secretaria general, la denuncia detalla tres finiquitos que superan los $51 millones; otro directivo registra más de $34 millones en finiquitos y $13 millones adicionales por boletas de honorarios. Los otros cuatro directivos recibieron entre $10 y $18 millones cada uno. La acción penal presentada ante la Fiscalía Local de San Bernardo apunta a delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. El alcalde Araya, en sesión extraordinaria del Concejo Municipal del 27 de abril, afirmó que solicitó información a la corporación y que cuenta con 15 días para recibirla, tras lo cual se tomarán medidas.
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