Con menos de tres meses y apenas dos meses legislativos restantes antes del cambio de mando, el gobierno de Gabriel Boric enfrenta una carrera contra el tiempo para concretar reformas emblemáticas que podrían definir su legado. En este período crítico, la administración debe priorizar proyectos clave, concentrando esfuerzos en iniciativas que buscan transformaciones estructurales en áreas como educación, salud, justicia y política. Una de las más significativas es la reforma al financiamiento estudiantil, que pretende reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo sistema, aunque ha experimentado ajustes que alejan la propuesta de la condonación total prometida inicialmente. En el ámbito político, se avanza con proyectos para fortalecer la gobernabilidad, incluyendo umbrales electorales para partidos y mecanismos para controlar la disidencia parlamentaria. Estas reformas, respaldadas transversalmente, buscan estabilizar el sistema, pero su aprobación depende de una rápida tramitación antes de que nuevos legisladores asuman en marzo. Paralelamente, la reforma al Poder Judicial, impulsada tras escándalos de corrupción, propone modificar los nombramientos mediante un consejo independiente, aunque su destino quedará en manos de la próxima administración.
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