La Contraloría General de la República ha establecido un plazo de 10 días hábiles para que el gobierno justifique el uso de recursos públicos en la defensa legal del exministro de Energía, Diego Pardow, quien enfrenta una acusación constitucional por errores en el cálculo de las cuentas de luz. Esta decisión responde a una solicitud de diputados de la UDI, quienes cuestionaron la legalidad de financiar la defensa de una persona que ya no ejerce como funcionario estatal. En un oficio fechado el 30 de octubre, la entidad fiscalizadora requirió pronunciamientos formales a los ministerios de Interior, Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Hacienda y Energía. La resolución especifica que los informes deben ser elaborados con la intervención de asesores jurídicos y acompañados de todos los antecedentes necesarios para una resolución adecuada. Previamente, el gobierno había anunciado su apoyo a Pardow, argumentando que se trata de una defensa institucional y no personal, ya que el exministro asumió responsabilidades políticas tras su renuncia. Sin embargo, el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, ha enfatizado que no corresponde utilizar fondos públicos para un privado y ha instado al Ejecutivo a actuar con prudencia, esperando que se suspenda el financiamiento hasta que Contraloría se pronuncie definitivamente. Este caso subraya tensiones en la gestión de recursos estatales y podría sentar un precedente en la defensa jurídica de exautoridades.
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