En Chile se dice que somos una sociedad meritocrática. Es uno de esos mitos que perpetúan las desigualdades, guían políticas públicas de manera equivocada e instalan sueños de vida casi imposibles de lograr. La realidad es que el esfuerzo personal no es necesariamente el camino del éxito porque no todos reciben los mismos apoyos en el transcurso de sus vidas.
Esta afirmación genera una ilusión que esconde una profunda injusticia: aunque todos nacen en igualdad de condiciones, tan pronto llegan a este mundo comienzan las diferencias en cuidados, estimulación, alimentación y afectividad. En otras palabras, sin inversiones equitativas desde la cuna, los talentos y capacidades no logran desarrollarse, y el mito de la meritocracia se convierte en una herramienta funcional para justificar y perpetuar los privilegios.
En educación, esta realidad se vuelve especialmente clara. En promedio, el Estado chileno invierte entre 90 mil y 180 mil pesos mensuales por estudiante en establecimientos municipales y particulares subvencionados, considerando subvenciones base, Subvención Escolar Preferencial (SEP), Jornada Escolar Completa y otros aportes complementarios. Esta cifra varía según el grado de vulnerabilidad, la ruralidad, el tipo de enseñanza y otros factores.
Esta brecha no solo se traduce en diferencias materiales, sino en experiencias educativas radicalmente distintas. Mientras en un colegio privado se accede a talleres de arte, ciencia y deportes, idiomas, apoyo psicológico permanente y redes de contacto que abren puertas desde temprano, en muchos establecimientos públicos o subvencionados los estudiantes enfrentan salas hacinadas, profesores sobrecargados, infraestructura precaria y jornadas extendidas con escasos apoyos pedagógicos reales.
Esto se refleja con crudeza en las cifras de acceso a la educación superior. En el proceso de admisión 2024, los estudiantes de colegios particulares pagados representaron solo el 9,8% de quienes rindieron la PAES. Sin embargo, este pequeño grupo acaparó el 61,3% de los puntajes en el tramo superior del 20% nacional. Como si eso no bastara, en la Universidad Católica representaron el 57,2% de los matriculados, y en la Universidad de Chile el 32,8%. El mérito, bajo estas condiciones, no mide talento ni esfuerzo: mide privilegio. No hay competencia justa posible cuando las condiciones de origen son tan dispares.
El problema no es el mérito en sí. El problema es usarlo como excusa para ignorar las brechas estructurales. Porque en una sociedad verdaderamente meritocrática, el talento debería recibir el mismo impulso sin importar el lugar de nacimiento. Y eso no está ocurriendo.
Se suele decir que la educación es el gran igualador social. Pero esa promesa está lejos de cumplirse si no invertimos de manera decidida en asegurar igualdad de oportunidades reales desde la primera infancia. Eso implica fortalecer la educación pública, dignificar la carrera docente, invertir en infraestructura de calidad y priorizar el bienestar emocional y relacional en las aulas.
Seguir ignorando esta brecha significa hipotecar el futuro del país. Porque cuando el talento de millones de niños y niñas se desperdicia por falta de oportunidades, no solo se frustran vidas individuales: se pierde innovación, creatividad, liderazgo y cohesión social.
En tiempos donde se habla de competitividad global, revolución digital y futuro del trabajo, insistir en una educación desigual es no entender que el mayor capital de un país son sus personas. Y que ningún país progresa si no se preocupa de que todos sus talentos florezcan, no solo los que pueden pagarlo.
Una sociedad meritocrática real comienza por nivelar la cancha. Solo así el mérito dejará de ser una trampa y podrá convertirse en una verdadera oportunidad para todos.
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