La defensa de la senadora Isabel Allende, presentó ante el Tribunal Constitucional, un escrito para que este organismo efectúe el “completo rechazo” a los requerimientos presentados por los diputados de oposición, en torno a su destitución de su cargo de parlamentaria, luego de la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Gabriel Osorio, abogado de la senadora, indica que “el inicio del procedimiento administrativo de compra y adquisición de casas presidenciales se dio en el marco de las obligaciones jurídicas del Estado de Chile sobre preservación de la memoria histórica, que tienen su origen tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho Público chileno”. En esta línea, la defensa de la senadora, señala que la adquisición “no tiene un interés privado, sino un interés eminentemente público”. Además, el abogado de la parlamentaria argumenta que la Ley de Presupuesto 2023 contempló recursos para la adquisición de casas presidenciales. “En efecto, la partida presupuestaria del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la cual fue debidamente aprobada tanto en general como en particular por el Congreso Nacional, estableció expresamente la adquisición de dichas viviendas”, agrega. Asimismo, Osorio explica que “no es una “compraventa” aparecida de la nada. “Es un procedimiento de adquisición que tiene fuentes legales, y cumple las obligaciones que fija el Ordenamiento Jurídico”.
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