Tras vencer plazo para impugnar ante Tribunal Constitucional proyecto ley que prohibía corte de agua, luz y gas a clientes morosos en medio crisis sanitaria COVID-19, la Moneda dio pie atrás y decidió no acudir a dicho organismo.
Tras decisión presidencial, firmas eléctricas y sanitarias, extendieron plazos y facilidades de pagos beneficiando así a 60% población más vulnerable del país.
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