La arquitecta Camila Ramírez, en nombre de la Fundación Urbanismo Social, ha presentado una solicitud de quiebra voluntaria para la empresa deudora, afectada por el caso Convenios del año 2023. El caso Convenios, revelado en junio de 2023, marcó un cambio significativo en la ejecución de las colaboraciones público-privadas en el sector de vivienda, así como en el actuar del sector público en esta área.
Según el documento al que tuvo acceso La Radio, los órganos fiscales, principalmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, paralizaron virtualmente las actividades de la empresa deudora, provocando inconsistencias en las respuestas entre distintas entidades, silencio administrativo y la terminación anticipada de convenios, lo que privó a la Fundación de recursos comprometidos en su programación de caja. La solicitud de quiebra, presentada el 5 de junio ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago, detalla la terminación de varios convenios con instituciones como la Municipalidad de Santiago, el Gobierno Regional del Maule y la Secretaría Regional Ministerio de la Vivienda de Antofagasta, entre otros, con exigencias de restitución de fondos que superan los $600 millones en total.
La situación financiera generada por las acciones estatales ha obligado a la empresa a despedir a la mayoría de sus trabajadores y enfrentar demandas judiciales por pago de finiquitos. El caso Convenios ha causado un daño reputacional significativo y la pérdida de proyectos con el sector público y privado, lo que ha aumentado la merma de ingresos.
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