El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ordenado un significativo despliegue de 4.000 efectivos militares y policiales con el propósito de capturar pandilleros en el país. Esta acción forma parte de la fase «Extracción» del Plan Control Territorial, en ejecución desde 2019, el cual busca aprehender a miembros de estos grupos delictivos. La controvertida medida, que se lleva a cabo sin orden judicial, ha suscitado cuestionamientos por parte de diversas organizaciones de derechos humanos. Según datos proporcionados por el medio El Espectador, alrededor de 73.000 individuos han sido arrestados en relación con esta operación. La situación plantea un debate sobre los límites de las acciones gubernamentales en el combate contra la delincuencia y su conformidad con el respeto a los derechos fundamentales.
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