Luego que el Congreso despachara a ley este miércoles, el proyecto de usurpaciones, que regula la ocupación ilegal de inmuebles y fija penas nuevas, las reacciones en el mundo político fueron dispares. Celebrado por la oposición, que ve en este nuevo marco de ley, una esperanza para todas esas familias que han visto ocupado sus inmuebles por personas que lo hacen a la fuerza e incluso a mano armada, el oficialismo reaccionó distinto. De hecho, desde el Ejecutivo anunciaron un veto presidencial por la figura de “legítima defensa privilegiada”. La ministra del Interior, Carolina Tohá, tras la votación en la Cámara Alta, dijo que “el proyecto de ley de usurpaciones es necesario, ya que se establece a la usurpación como un delito permanente”, señaló Tohá. “En cualquier momento el afectado puede solicitar que actúe la fuerza pública. Pero también, este proyecto no de incluir a las personas que viven en campamentos en una situación social vulnerable”, indicó la secretaria de Estado. “Lo que va a vetar el Ejecutivo, es que se permita que las personas puedan por sus propias manos reivindicar sus derechos, porque para eso está el Derecho, las policías, los tribunales”, precisó.
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