El Gobierno advirtió que podría recurrir al Tribunal Constitucional, por la controversia que permitiría a las municipalidades entrar en la comercialización del gas licuado. Apelando a la figura de “reserva de constitucionalidad”, La Moneda anticipó que apelaría a este recurso, ya que pone en duda la capacidad de gestión de los ediles en lo que comercialización y distribución de este combustible se refiere. Esta acción, es una facultad legal que tiene el Presidente para estos casos.
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