La Contraloría General de la República concluyó que la concejala de Ñuñoa, Daniela Bonvallet (IND.), es responsable administrativamente por acoso laboral y una vulneración grave al principio de probidad. El organismo, encabezado por Dorothy Pérez, aprobó el sumario y la vista fiscal, dejando acreditada la responsabilidad de Bonvallet en los hechos investigados, según la resolución final. El sumario se originó por una denuncia de la exasesora Jimena Covarrubias, quien acusó maltrato laboral y presiones económicas. Entre las pruebas se incluyeron audios, conversaciones, transferencias bancarias y otros documentos. La Contraloría ordenó remitir los antecedentes al Concejo Municipal de Ñuñoa para que evalúe una posible cesación en el cargo, y también al Ministerio Público, al estimar que podrían existir hechos con caracteres de delito. Ahora, el Concejo Municipal deberá determinar si corresponde aplicar una inhabilidad o cesación del cargo de Bonvallet, mientras que la Fiscalía evaluará si los antecedentes configuran delitos y si corresponde iniciar una investigación penal. La resolución de Contraloría cierra el proceso administrativo, pero abre la puerta a consecuencias políticas y judiciales para la edil.
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