La creciente amenaza del crimen organizado ha llevado a que los tribunales chilenos reserven la identidad de los jueces en causas vinculadas al Tren de Aragua. Así ocurre en el caso Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en 2024 por la célula «Los Piratas», donde desde la segunda formalización se aplicó un protocolo de resguardo de identidad e imagen del juez. También en la causa de la facción «Tren del Mar», los magistrados cuentan con medidas de protección especiales. Para la exdirectora ejecutiva del Ministerio Público, Francisca Werth, la medida se justifica por las posibles represalias de grupos organizados contra los jueces, situación que ya se ha dado en casos de terrorismo y drogas. El exfiscal José Villalobos agrega que responde al poder que ha adquirido el crimen organizado y la facilidad de acceso a información personal. Expertos advierten que esta práctica podría generar un conflicto entre la necesidad de proteger al Estado y el derecho a la defensa. La reserva de identidad judicial, hasta ahora aplicada en casos de alto perfil, marca un cambio en la forma de administrar justicia frente a organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua, que ha demostrado capacidad de infiltrar y amedrentar al sistema.
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