Dos terremotos consecutivos golpearon la costa norte de Venezuela el 24 de junio, dejando al menos 3.342 muertos y más de 16.500 heridos. El desastre desató una ola de críticas contra el gobierno de Delcy Rodríguez, acusado de construir viviendas sociales de mala calidad con fines políticos. Los complejos de la Misión Vivienda, emblema del chavismo, se convirtieron en focos de muerte, especialmente en el estado La Guaira. Ingenieros y sismólogos habían advertido durante más de una década que estas estructuras no resistirían un sismo severo, según The New York Times. Los edificios, levantados desde 2011 en terrenos cuestionables y con materiales de baja calidad, colapsaron como “casas de juguete”. En 2017, el entonces presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, calificó la integridad estructural de estas viviendas como “un secreto de Estado”. La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció inacción gubernamental y obstáculos a la ayuda internacional. La presidenta Rodríguez rechazó las acusaciones, afirmó que se desplegaron 19.000 funcionarios y anunció un fondo de 200 millones de dólares para reconstrucción. El impacto humano es devastador. Familias como la de Juan Manuel Chirinos buscan a sus seres queridos entre los escombros. “Murieron a manos del gobierno porque construyeron estos edificios como basura”, dijo Chirinos al Times.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
