La oposición chilena enfrenta un debate interno sobre dos frentes: la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Trinidad Steinert y el proyecto de reforma que busca elevar los requisitos para estos libelos. Mientras algunos sectores impulsan la censura por el dictamen de la Contraloría que acredita que Steinert se excedió al pedir datos a la PDI, otros advierten que restringir la herramienta sería un error. El viernes, la comisión de Seguridad de la Cámara acordó avanzar con una comisión investigadora y sondear la idea de una acusación. Sin embargo, el proyecto de reforma constitucional —apoyado por FA, PS, PPD, UDI, RN y Evópoli— busca endurecer los requisitos tras la polémica acusación contra el exministro Nicolás Grau. El diputado Luis Cuello (PC) criticó la iniciativa: «Es un error restringir y debilitar la herramienta por una consideración coyuntural». En tanto, Bernardo Salinas señaló que «el tema no es restringir». Respecto a Steinert, el diputado socialista Raúl Leiva calificó el caso como «complejo» y dijo que «desde el punto de vista jurídico ya está acreditada la ilegalidad, pero hay que evaluar». Carolina Tohá (PPD) tomó distancia y sugirió buscar otras herramientas de fiscalización.
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