Un estudio sobre la seguridad en comunas rurales de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins revela un deterioro sostenido del escenario delictivo, con la expansión del crimen organizado y una violencia creciente. Las organizaciones delictivas han incorporado tecnología de vigilancia remota, como drones para reconocimiento aéreo de predios, y cooptan informantes internos que entregan datos logísticos de las propiedades. También se detectaron fachadas agrícolas para actividades ilícitas y talleres clandestinos de fabricación y modificación de armamento. El informe, elaborado en el marco del convenio entre la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Asociación de Municipios Rurales y la experta Pilar Lizana, identifica factores facilitadores como la debilidad institucional del Estado, las condiciones geográficas y demográficas del territorio rural, y la presión de la criminalidad urbana que se desplaza al campo. En la macrozona centro, el problema se explica por una reconfiguración post pandemia que transita desde incivilidades hacia delitos de mayor complejidad y violencia. En O’Higgins, el 80% de los delitos se concentra en 12 de 33 comunas, con un corredor delictual a lo largo de la Ruta 5 Sur que agrupa el 60% de las denuncias. Los homicidios aumentaron un 65,5% y los delitos con armas un 64,5% respecto a 2018.
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