El Ejecutivo enfrenta un dilema clave en la reforma previsional: si modificar o no la licitación del stock de afiliados de las AFP, la medida más resistida por la industria. Sin una decisión tomada, los ministerios de Hacienda y Trabajo evalúan opciones como ampliar plazos o reducir el tamaño de las subastas, en un análisis aún preliminar que no ha pasado el filtro político del gobierno. La ley establece que desde agosto de 2027 se licitará cada dos años un 10% de los afiliados no pensionados, equivalente a más de 1 millón de personas, coincidiendo con la implementación de los fondos generacionales en abril de 2027. La Asociación de AFP advierte que esta simultaneidad podría afectar la rentabilidad de los nuevos fondos y complicar la inversión en activos alternativos. El economista Guillermo Larraín (FEN Universidad de Chile) propone reducir la frecuencia y el tamaño de las licitaciones, pero reconoce que cualquier cambio requiere reformas legales. La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, afirmó que evalúan si el cronograma actual puede dañar la rentabilidad y no descarta presentar una ley corta para ampliar plazos. Sin embargo, dentro de Chile Vamos advierten que reabrir el debate político sería una «caja de Pandora», con costos altos y una mayoría frágil en el Senado. La economista Soledad Hormazábal (Pivotes) considera que solo un ajuste acotado de plazos sería viable, mientras que el senador Sergio Gahona (UDI) pide esperar una propuesta concreta antes de emitir juicio.
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