El gobierno chileno busca endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para permitir que jóvenes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos en 17 delitos graves, como homicidio y secuestro. La medida, que el Ejecutivo ingresará la próxima semana con discusión inmediata, ha generado una fuerte reacción de la oposición, que no descarta recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenarla. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, adelantó que las indicaciones al proyecto —presentado originalmente en 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional— serán formalizadas la próxima semana. La iniciativa también contempla aumentar penas para menores de 16 años y eliminar beneficios para reincidentes, pero descarta rebajar la edad de imputabilidad. El diputado Juan Santana (PS) y la diputada Lorena Fries (FA) advirtieron que la reforma podría vulnerar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución, abriendo la puerta a un requerimiento ante el TC. Sin embargo, el abogado y académico de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, llamó a la cautela: señaló que, si bien existen tratados internacionales que protegen a menores, es necesario analizar el contenido definitivo de la reforma antes de declarar una infracción constitucional. El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, y el Ejecutivo busca acelerar su tramitación en medio de un clima de urgencia por la participación de menores en delitos violentos.
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