El crimen organizado ofrece “plata fácil y poder” a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, aprovechando la inimputabilidad penal para usarlos en delitos de alto riesgo como sicariato, transporte de drogas y armas. La encerrona que terminó con la vida de Alejandro Águila, un niño de 12 años en San Bernardo, destapó el debate: mientras algunos sectores piden bajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años, también crece la presión para sancionar a los adultos que reclutan menores. Expertos como Juan Castañeda, investigador de la Universidad Autónoma, y Pía Greene, directora ejecutiva de Fundación Amparo y Justicia, coinciden en que los grupos criminales buscan a menores que el Estado ha dejado atrás: fuera del sistema educacional, con familias expuestas a factores de riesgo y sin protección. “Ahí llega la banda y les ofrece sentido de pertenencia, plata fácil y poder”, explica Greene. La razón estratégica, según Castañeda, es la inimputabilidad: los jóvenes abandonan rápidamente los recintos de privación de libertad transitoria, lo que les da impunidad frente a los adultos. El diputado Vlado Mirosevic (PL) criticó que el foco esté solo en el menor infractor y no en el adulto que lo recluta.
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