El dictamen que la Contraloría preparaba contra la exministra Trinidad Steinert se convirtió en la señal definitiva para que el Presidente José Antonio Kast le pidiera la renuncia. Este jueves se hizo público el documento que concluye que Steinert actuó fuera de sus atribuciones legales al solicitar información reservada a la PDI sobre una investigación en curso que ella misma conocía por su paso por la Fiscalía Regional de Tarapacá. El oficio reservado N° 28, dirigido a la PDI, pedía detalles sobre el traslado de cuatro detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado vinculada a una causa contra el Clan Chen en Iquique. Entre los funcionarios figuraba el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a Steinert. La exministra exigió nombres completos, cédulas, grados y fundamentos de los traslados, además de antecedentes disciplinarios y penales. La contralora Dorothy Pérez estableció que la solicitud no se ajustaba a las atribuciones del Ministerio de Seguridad, que debe limitarse a planificar y evaluar políticas, no a indagar casos específicos. Además, señaló que Steinert debió abstenerse por su conflicto de interés: ella lideró la investigación como fiscal regional antes de asumir el cargo ministerial. El dictamen también advierte que la información requerida exponía a los funcionarios al permitir su individualización y ubicación.
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